23 de julio de 2020

Wataniba

Amazonía Brasil-Venezuela

Recientemente, el viernes 17 de julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó unas medidas cautelares de protección a los pueblos indígenas Yanomami y Ye’kwana que habitan en la frontera entre Brasil y Venezuela. Esta decisión es de particular importancia debido a que se toma en el contexto de la pandemia del COVID-19 y de la Invasión de aproximadamente 20.000 mineros ilegales brasileños (garimpeiros) en la tierra indígena Yanomami. La denuncia fue presentada por la Organización Yanomami de Brasil Hutukara y una organización de derechos humanos de Brasil. En su decisión, la Comisión solicita al Estado de Brasil adoptar las medidas necesarias con carácter de urgencia para proteger los derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal y otros, frente a la pandemia del coronavirus y los graves riesgos que corre la población debido a su alta vulnerabilidad inmunológica, considerando que esta situación se agrava debido a la presencia y a la movilidad de los mineros ilegales en su territorio ancestral. Particular mención hace esta decisión sobre los grupos Yanomami que se encuentran en contacto inicial o aislamiento voluntario en esa región.

Desde la Asociación Wataniba, queremos manifestar todo nuestro apoyo al proceso llevado por la Asociación Hutukara para defender la vida y sobrevivencia física y cultural de su pueblo. De igual manera queremos resaltar que en relación a Brasil no es el primer caso que se introduce en la Comisión. Hacia 1985 se introdujo una petición para pedir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo Yanomami, caso en el cual se denunciaba la grave situación y la invasión progresiva de los indígenas debido a la apertura de carreteras, la explotación minera y otras actividades en sus tierras, en perjuicio de su salud y su integridad cultural. En este caso la Comisión sostuvo que el derecho internacional tal como se dispone en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce a los grupos étnicos el derecho a una protección especial para la preservación de su identidad cultural, determinando la responsabilidad del Estado brasileño por la omisión de haber adoptado oportuna y eficazmente medidas para proteger los derechos humanos de los Yanomami.

Wataniba destaca que lo importante en este caso es que la Comisión declara que los Estados no solo pueden incurrir en responsabilidad internacional por sus acciones, sino también por las omisiones en la adopción de medidas de protección oportunas y eficaces. En esta decisión se señala que el gobierno de Brasil era responsable por la violación de varios derechos de los indígenas, como por ejemplo la preservación de su salud y bienestar debido a la falta de medidas y recomendó al gobierno implementar acciones sanitarias de carácter preventivo y curativo, así como proceder a delimitar y demarcar el territorio Yanomami.

Caso de los Yanomami de Venezuela-Masacre de Haximu 

Con relación a Venezuela, en el año 1996 fue presentada una petición ante la Comisión por la llamada masacre de los Yanomami de Haximu, ocurrida entre los meses de junio y julio de 1993, en la cual fueron asesinados por mineros ilegales 16 indígenas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Después de la Masacre de Haximu los garimpeiros siguieron operando masiva e impunemente en territorio venezolano y en Brasil, sin que se hubiesen tomado medidas para su desalojo efectivo. Reportes de esos años indican que los mineros siguieron con nuevos ataques armados y agresiones a la población Yanomami, mientras tanto la investigación judicial en Venezuela no avanzaba y no se determinaban responsabilidades por el crimen, quedando impune frente a la acción de los garimpeiros. Esta situación de impunidad y la invasión del territorio Yanomami llevó a un grupo de organizaciones, encabezadas por la Oficina de Derechos Humanos del vicariato de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas de Venezuela, a buscar una alternativa para proteger y defender a los Yanomami de la invasión minera. En tal sentido, se presentó una petición ante la Comisión en la que se denunciaba la violación de varios derechos establecidos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y el incumplimiento del deber de protección por parte del Estado venezolano generando responsabilidad internacional para Venezuela por omisión.

Para la Asociación Wataniba, es importante enfatizar este caso ya que trabajamos directamente con el pueblo Yanomami en varios proyectos, acompañamos con asesoría técnica a Horonami Organización Yanomami y, nuestro Director Operacional, el abogado Luis Jesús Bello, fue quien coordinó las acciones para el seguimiento del caso en Venezuela y Brasil; elaboró la petición junto a un equipo de juristas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), contando además con el apoyo e intervención de la profesora Ligia Bolívar (Provea), quien acompañó el caso desde sus inicios tanto en Venezuela como en Brasil. Uno de los aspectos más resaltantes en este caso, es que después de todo un proceso de discusión ante la Comisión, que duró varios años, se logró firmar en 1999 un acuerdo de solución amistosa con el Estado venezolano, el cual incluía fundamentalmente cuatro aspectos, en primer lugar lo relativo a una vigilancia y control del área Yanomami para evitar la entrada de los mineros, el establecimiento de un plan de salud para el pueblo Yanomami, el seguimiento a la investigación judicial de la masacre y la adopción de medidas legislativas para la protección de los pueblos indígenas.

A continuación presentamos estas nuevas medidas dictadas recientemente por la Comisión a favor de estos pueblos originarios. Descargue aquí el archivo en formato PDF

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