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Publicado en: El Tiempo
30 de mayo de 2019
Editorial El Tiempo
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La pérdida del bosque amazónico no deja de ser una alarmante noticia para el país. Las declaraciones del director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), en una entrevista para este diario acerca de la situación en Guaviare, llaman la atención sobre la débil articulación institucional y la difícil tarea de las autoridades ambientales.
Aunque a comienzos de este mes el Gobierno lanzó la operación Artemisa –la estrategia militar y judicial para salvaguardar los recursos naturales–, lo cierto es que en el nivel local, la capacidad de acompañamiento militar a las autoridades ambientales sigue siendo mínima, especialmente en territorios tan extensos como la Amazonia. Las tareas de control de las corporaciones autónomas regionales son casi que imposibles de cumplir: un funcionario debe custodiar cientos de miles de hectáreas mientras soporta las presiones de grupos armados.
Es evidente, entonces, que la respuesta militar era necesaria ante el avance rápido de la deforestación en los últimos tres años. Para el caso de Guaviare, por ejemplo, la tala ilegal de bosques pasó de 11.456 hectáreas en 2016 a 38.221 en 2017. Es un incremento escandaloso que requiere la actuación de las Fuerzas Armadas para desarticular las redes de la mafia detrás de la tala ilegal.
Es clave avanzar en la formalización y el acceso a la tierra para frenar el acaparamiento masivo y sin control que impulsa la tala.
Sin embargo, así como se fortalece el brazo militar, la debilidad de la institucionalidad en otras áreas y la falta de implementación de los acuerdos de paz siguen manteniéndose como barreras para la conservación ambiental. El caso más claro es el de la formalización y el acceso a la tierra, que quedaron plasmados en el punto uno de los acuerdos. Expertos coinciden en que en Guaviare, la raíz de la deforestación está en el acaparamiento de tierras de reserva forestal y la influencia de los poderes locales para fomentar la ganadería y la construcción de vías.
Ante esas presiones, y teniendo en cuenta la inseguridad jurídica en tenencia de la tierra de muchos campesinos, cada vez más hay quienes optan por las motosierras para abrir nuevos pasos en la región. La expansión de latifundios causa un desplazamiento de poblaciones a áreas de bosque natural que empieza a ser transformado. Es así como la concentración de la tierra continúa generando inequidad y, a su paso, volviendo pastos los ecosistemas amazónicos. Resulta obvio que una política de tierras efectiva debe llegar a los territorios, así como la presencia militar.
En Guaviare, cerca del 62 por ciento de los suelos son aptos para la conservación y protección ambiental, y solo algunas áreas se deben destinar para cultivos y desarrollos agrícolas. Si esta claridad técnica no se incluye en la planeación territorial y en las pretensiones de los actores locales, la deforestación sería un fenómeno difícil de atajar. La promoción de estrategias agroforestales y modelos silvopastoriles tiene que generalizarse en la región.
Si se quiere frenar la incalculable pérdida del patrimonio ambiental, se deben seguir sumando esfuerzos militares, financieros, técnicos, comunitarios y políticos para frenar la deforestación. Tal vez entonces la biodiversidad amazónica pueda convertirse en un aliado en la construcción de paz.
[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/los-bosques-del-guaviare-editorial-el-tiempo-369340[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]